Si bien el anarquismo había visto con buenos ojos la proclamación de la República en abril de 1931, de cuya proclamación se reclamó parte por su insistente participación en la oposición a la dictadura de Primo de Rivera en colaboración con otras fuerzas políticas, el movimiento libertario había reclamado cuestiones que la República no concedió.
A ello se une que medidas tan reclamadas por la clase obrera española como la reforma agraria se producían de forma lenta. Por ello, esperaban una rápida aplicación de dicha medida. La lentitud del proceso, unido a la falta de recursos, tierras y el hambre que pasaban los jornaleros españoles, hizo que se produjeran levantamientos y motines.
En un Pleno de Regionales de la CNT, celebrado el 1 de diciembre de 1932 en Madrid, el sindicato de ferroviarios solicitó el apoyo para declarar una huelga general en la que se reclamarían aumentos salariales. Al final, los ferroviarios se echaron atrás porque más de la mitad de sus secciones sindicales pensaban que la huelga resultaría un fracaso. Desde el 1 de enero se fueron produciendo movimientos en distintos lugares como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Murcia, Oviedo, Valencia, etc. La insurrección no tuvo un seguimiento muy amplio. El Ejército y la Guardia Civil tomaron posiciones estratégicas en los lugares donde se preveían desórdenes y los dirigentes sindicales fueron detenidos. En algunas barriadas de Barcelona hubo choques entre anarquistas y fuerzas de orden público. Hubo huelgas, incidentes con explosivos y proclamaciones del comunismo libertario en algunas poblaciones de Aragón, y la Región de Valencia. En el municipio de Pedralba (Valencia) el choque entre la fuerza pública y los trabajadores se saldo con un guardia civil y un guardia de asalto muerto y diez trabajadores asesinados.
El día 10 de enero de 1933, y tras una serie de malos infortunios (nadie avisó a los campesinos de Casas Viejas que la huelga había fracasado por problemas de comunicación), un grupo de militantes libertarios de la pequeña población tomó el cuartel de la Guardia Civil por asalto, quedando dos guardias civiles heridos , que fallecieron después. Proclamaron el comunismo libertario, izaron la bandera rojinegra e incautaron los productos de primera necesidad dando a los tenderos un vale que les sería canjeado una vez triunfase la revolución.
A las dos de la tarde del 11 de enero, un grupo de doce guardias civiles al mando del sargento Anarte llegaron a Casas Viejas, liberaron a los compañeros que quedaban en el cuartel y ocuparon el pueblo. Temiendo las represalias, muchos vecinos huyeron y otros se encerraron en sus casas. Tres horas después llegó un nuevo grupo de fuerzas de orden público al mando del teniente Gregorio Fernández Artal, compuesto por cuatro guardias civiles y doce guardias de asalto. Inmediatamente comenzaron a detener a los presuntos responsables de ataque al cuartel de la Guardia Civil, dos de los cuales, después de ser golpeados, acusaron a dos hijos y al yerno de Francisco Cruz Gutiérrez, apodado “Seisdedos”, un carbonero de setenta y dos años que acudía de vez en cuando a la sede del sindicato de la CNT, y que se habían refugiado en su casa, una choza de barro y piedra. Se intentó tomar la choza por asalto pero los habitantes se atricheraron y, con escopetas, dispararon a los guardias de asalto, produciéndose un muerto y un herido. Pasada la medianoche, llegó a Casas Viejas una unidad compuesta de cuarenta (o noventa según otras fuentes) guardias de asalto, al mando del capitán Rojas, que había recibido la orden del Director General de Seguridad en Madrid, Arturo Menéndez, para que se trasladara desde Jerez y acabara con la insurrección, abriendo fuego “sin piedad contra todos los que dispararan contra las tropas”.
El capitán Rojas mandó disparar con ametralladora sobre la choza y lanzar bolas de algodón empapadas en gasolina e incendiadas sobre el techo de la misma. Dos de sus ocupantes, un hombre y una mujer, fueron acribillados cuando salieron huyendo del fuego. Seis personas quedaron calcinadas dentro de la choza (probablemente ya habían muerto acribilladas cuando se inició el incendio), entre ellos “Seisdedos”, sus dos hijos, su yerno y su nuera. La única superviviente fue la nieta de “Seisdedos”, María Silva Cruz, conocida como “la Libertaria”, que logró salvar la vida al salir con un niño en brazos. Rojas ordenó a tres patrullas que detuvieran a los militantes más destacados, dándoles instrucciones para que dispararan ante cualquier mínima resistencia. Mataron al anciano Antonio Barberán Castellar, de setenta y cuatro años, cuando volvió a cerrar su puerta tras la llamada de los guardias y gritó “¡No disparéis! ¡Yo no soy anarquista!”. Detuvieron a doce personas y las condujeron esposadas a la choza calcinada de “Seisdedos”. Les mostraron el cadáver del guardia de asalto muerto y a continuación el capitán Rojas y los guardias los asesinaron a sangre fría.
Poco después abandonaron el pueblo. La masacre había concluido. Diecinueve hombres, dos mujeres y un niño murieron. Tres guardias corrieron la misma suerte. La verdad de los hechos tardó en conocerse, porque las primeras versiones situaban a todos los campesinos muertos en el asalto a la choza de “Seisdedos”, pero la Segunda República ya tenía su tragedia. De otras actuaciones de las tropas, según las últimas investigaciones y aclaraciones de lo sucedido, resultaron muertas dos personas más: Rafael Mateos Vela, por bala, y Joaquina Fernández, que recibió una brutal paliza de la que se derivó su muerte. En total veintiséis personas muertas o veintiocho si se consideran otras dos aquejadas de infarto a consecuencia de la tragedia que vivieron esos días.
El capitán Rojas mandó disparar con ametralladora sobre la choza y lanzar bolas de algodón empapadas en gasolina e incendiadas sobre el techo de la misma. Dos de sus ocupantes, un hombre y una mujer, fueron acribillados cuando salieron huyendo del fuego. Seis personas quedaron calcinadas dentro de la choza (probablemente ya habían muerto acribilladas cuando se inició el incendio), entre ellos “Seisdedos”, sus dos hijos, su yerno y su nuera. La única superviviente fue la nieta de “Seisdedos”, María Silva Cruz, conocida como “la Libertaria”, que logró salvar la vida al salir con un niño en brazos. Rojas ordenó a tres patrullas que detuvieran a los militantes más destacados, dándoles instrucciones para que dispararan ante cualquier mínima resistencia. Mataron al anciano Antonio Barberán Castellar, de setenta y cuatro años, cuando volvió a cerrar su puerta tras la llamada de los guardias y gritó “¡No disparéis! ¡Yo no soy anarquista!”. Detuvieron a doce personas y las condujeron esposadas a la choza calcinada de “Seisdedos”. Les mostraron el cadáver del guardia de asalto muerto y a continuación el capitán Rojas y los guardias los asesinaron a sangre fría.
Poco después abandonaron el pueblo. La masacre había concluido. Diecinueve hombres, dos mujeres y un niño murieron. Tres guardias corrieron la misma suerte. La verdad de los hechos tardó en conocerse, porque las primeras versiones situaban a todos los campesinos muertos en el asalto a la choza de “Seisdedos”, pero la Segunda República ya tenía su tragedia. De otras actuaciones de las tropas, según las últimas investigaciones y aclaraciones de lo sucedido, resultaron muertas dos personas más: Rafael Mateos Vela, por bala, y Joaquina Fernández, que recibió una brutal paliza de la que se derivó su muerte. En total veintiséis personas muertas o veintiocho si se consideran otras dos aquejadas de infarto a consecuencia de la tragedia que vivieron esos días.
Conocidos los hechos en el resto de España, se produjo un gran escándalo periodístico y parlamentario que conmocionó a la sociedad española. Los sucesos de Casas Viejas se convirtieron en un grave problema político para el gobierno republicano-socialista de Manuel Azaña (Diego Martínez Barrio, del Partido Republicano Radical, denominó al gobierno de Azaña de “barro, sangre y lágrimas”). Las explicaciones de Azaña ante el congreso no fueron convincentes y se desplazó una comisión parlamentaria a Casas Viejas para emitir un informe de los sucesos. Con ella, fueron dos periodistas que plasmaron lo que allí sucedió en artículos y libros: Ramón J. Sender y Eduardo de Guzmán.la Comisión elaboró un informe definitivo en el que reconoce la existencia de los fusilamientos pero exculpa al Gobierno.
Las primeras dudas sobre la versión oficial (que todas las muertes se habían producido en el asalto a la casa de “Seisdedos”) aparecieron en una crónica del escritor Ramón J. Sender y el periodista Eduardo de Guzmán que habían ido a Casas Viejas y que fue publicada por el periódico La Tierra. Al año siguiente, Ramón J. Sender publicó un libro con el título “Viaje a la aldea del crimen”, en el que reconstruyó los hechos a partir de las declaraciones hechas por los campesinos a los investigadores parlamentarios.
Las primeras dudas sobre la versión oficial (que todas las muertes se habían producido en el asalto a la casa de “Seisdedos”) aparecieron en una crónica del escritor Ramón J. Sender y el periodista Eduardo de Guzmán que habían ido a Casas Viejas y que fue publicada por el periódico La Tierra. Al año siguiente, Ramón J. Sender publicó un libro con el título “Viaje a la aldea del crimen”, en el que reconstruyó los hechos a partir de las declaraciones hechas por los campesinos a los investigadores parlamentarios.
En julio de 1934, 26 campesinos de Casas Viejas fueron juzgados por los delitos de posesión de armas de guerra y ejecución de actos contra las fuerzas armadas. Diez fueron absueltos y, de los restantes, uno condenado a 6 años de prisión, cuatro a 5 años, dos a 3 años, seis a 2 años y tres a 1 año.
Lo que también es cierto fue que todos los directores de la represión en Casas Viejas se sublevaron posteriormente contra la República en julio de 1936 en el golpe de estado que perpetró el general Franco. El capitán Rojas, que fue condenado por estos sucesos, salió de prisión y se unió a los sublevados, participando activamente en la represión en Granada. Bartolomé Barba, que ya había tenido cargos durante la dictadura de Primo de Rivera, fue uno de los organizadores de la UME (Unión Militar Española), dirigió la represión en Zaragoza y fue gobernador civil con Franco. El general Cabanellas, director general de la Guardia Civil durante los sucesos de Casas Viejas, fue otro de los sublevados contra la República, presidió la Junta de Defensa Nacional hasta que tomó el mando definitivo Franco.
Conviene recordar estos hechos y sí, remover el pasado, por mucho que a algunos les desagrade hacerlo, pues de la represión de los derechos civiles y de las revueltas de los desfavorecidos y oprimidos vienen los grandes cambios, algunos funestos y eternos como el que tuvo lugar en julio de 1936 en este país traumatizado por el clamor de los muertos sin desenterrar en sus fosas.
Lo que también es cierto fue que todos los directores de la represión en Casas Viejas se sublevaron posteriormente contra la República en julio de 1936 en el golpe de estado que perpetró el general Franco. El capitán Rojas, que fue condenado por estos sucesos, salió de prisión y se unió a los sublevados, participando activamente en la represión en Granada. Bartolomé Barba, que ya había tenido cargos durante la dictadura de Primo de Rivera, fue uno de los organizadores de la UME (Unión Militar Española), dirigió la represión en Zaragoza y fue gobernador civil con Franco. El general Cabanellas, director general de la Guardia Civil durante los sucesos de Casas Viejas, fue otro de los sublevados contra la República, presidió la Junta de Defensa Nacional hasta que tomó el mando definitivo Franco.
Conviene recordar estos hechos y sí, remover el pasado, por mucho que a algunos les desagrade hacerlo, pues de la represión de los derechos civiles y de las revueltas de los desfavorecidos y oprimidos vienen los grandes cambios, algunos funestos y eternos como el que tuvo lugar en julio de 1936 en este país traumatizado por el clamor de los muertos sin desenterrar en sus fosas.
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